El Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso, aclaró este miércoles que el presidente Luis Abinader ni esa dependencia del Estado han hecho un solo planteamiento formal sobre poner en manos del sector privado la Termoeléctrica Central Punta Catalina.
 
Al ser entrevistado en el programa televisivo Uno más Uno, Almonte señaló
que no se conoce un solo discurso, una sola propuesta o un documento donde el Gobierno haya plateado la venta de la obra.

” Por ciento, todavía no se ha hecho la aceptación definitiva ni de la planta
número uno, que debería hacerse en el trascurso de este mes, dependiendo de las discusiones que tenemos, y la planta número dos está supuesta a hacerse la aceptación definitiva en abril del año entrante, lo que implica acoger lo que el contratista construyó”.
 
Dijo que la postura que siempre ha enarbolado es que al Estado dominicano le convendría mantener las propiedades de Punta Catalina, entregándose a una firma privada para la operación y mantenimiento, y así pueda garantizar su adecuado funcionamiento.
 
“Esto no es un problema ideológico, este es un problema que está asociado a los cambios que se puedan hacer en el plano de crisis económica y de crisis
fiscal. En un momento determinado podría ser que el Gobierno dominicano, para salvarse de una crisis económica mayor, que genere un impacto negativo en la población, mejor considere vender una parte de Punta Catalina”, expresó.

Dijo que al final, lo que tiene que garantizar el Estado es la transparencia en ese proceso y el acceso a energía relativamente a precio adecuado a la población y garantizar la estabilidad económica del país. 
 
Contratación de firmas internacionales
 
El ingeniero Almonte indicó que iniciaron el proceso para la contratación de una firma internacional que hará tres auditorías sobre Punta Catalina. “Se hará una auditoría financiera de la construcción para determinar la inversión total hecha por el pueblo dominicano en la Central; se hará una auditoría técnica para levantar cuáles son las condiciones técnicas y funcionales de las dos plantas y se hará una auditoria también de aspectos relevantes del proceso de evolución económica que dio lugar al contrato por los mil 945 millones de dólares”, dijo.

“Redondeándote todo eso último que acabó de decir, significa que antes de
vender a Punta Catalina, en el caso que se decida hacer, tenemos que terminar ese proceso que nos lleva un buen tiempo”, aseguró.
 
Sobre la liquidación de la CDEEE
 
El ingeniero Almonte expresó que están agilizando los trabajos para entre
enero y febrero anunciarle al país la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Detalló que, con la eliminación de la CDEE, además de reducirle al Estado
gastos económicos, limitará la intermediación de los productores energéticos y las distribuidoras, teniendo como ente regulador al Gobierno mediante la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas. 
 
“Ya ese agente, la CDEEE, teniendo empresas distribuidoras, generadoras
privadas y generadoras del Estado, como es el caso de las hidroeléctricas, y un Ministerio de Energía y Minas, la CDEEE no tiene sentido”, dijo para agregar que el MEM está precisamente para ese sentido: para formular planes, políticas, fiscalización, etc.
 
El funcionario manifestó que el objetivo principal del presidente Abinader al crear 10 gabinetes sectoriales, entre ellos el eléctrico, es para tratar de
promover la cohesión y coordinación entre las diferentes entidades del Estado que hacen trabajo dentro de un mismo ámbito.
 
“Nadie desconoce que en el sector eléctrico usted tiene las empresas distribuidoras, tiene las empresas de transmisión, tiene las empresas de generación eléctrica, tiene la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio, la
Superintendencia Eléctrica y también hay otras entidades vinculadas al sector eléctrico, entonces lo que quiso hacer el presidente Abinader con ese gabinete fue tratar de crear un mecanismo de interacción de todas esas entidades para cohesionar  las políticas y las iniciativas en ese sector.
 
Recordó que la Ley 142-14 establece que la Comisión Nacional de Energía y la Dirección General de Minería deben ser absorbidas por el Ministerio de Energía y Minas para que ésta sea la única entidad en el sector público que realice esas dos actividades.