Historia

La nuestra es una historia de cambios para trascender. Incluso antes de nacer como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica, el Ministerio de Energía y Minas tuvo el privilegio de que la sociedad dominicana llevara a cabo un proceso que facilitó los primeros pasos de la transformación de los sectores eléctrico y minero en lo que son hoy día: dos grandes impulsores del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La instalación del primer alumbrado público en el país se remonta al año 1845. Se produjo en la ciudad de Baní, rompiendo el esquema convencional de la época que consistía en el uso de faroles de velas de cera.

A partir de este acontecimiento, continuó la extensión del alumbrado en el territorio nacional, fueron inauguradas varias plantas hidroeléctricas y el suministro de energía a través de plantas eléctricas comenzó a expandirse en algunas ciudades del interior.

Para el año 1920, la electricidad era abastecida por empresas de inversión extranjera, como la Compañía Anónima Dominicana de Luz y Fuerza Motriz. El primer gran hito del sector energético dominicano ocurriría en el año 1928 con la creación, por decreto presidencial, de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, que dio inicio al Sistema Eléctrico Nacional. Esta compañía quedó a cargo de generar, construir, rehabilitar y extender las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Durante los años 1954 y 1955, el Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional la adquisición estatal de las compañías de generación, transmisión y distribución eléctrica y creó, mediante el decreto No. 555 del año 1955, a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), asignándole la responsabilidad de mantener, extender y generar toda la energía eléctrica del país.

Desde entonces, y por más de cuatro décadas, quedaría verticalmente integrado el sector eléctrico nacional, que se caracterizó por ineficiencias y baja capacidad de producción, lo que provocaba frecuentes apagones y racionamiento de la electricidad.

La transformación del sector eléctrico comenzó en el año 1997 con la promulgación de la Ley de Reforma de la Empresa Pública. Este nuevo marco legal posibilitó la incorporación de capital proveniente de inversionistas privados, nacionales e internacionales, en la industria eléctrica nacional. Cuatro años más tarde, se promulgó la Ley General de Electricidad, No.125-01, que estableció el marco normativo sobre el cual opera actualmente el mercado eléctrico dominicano.

No obstante, a partir de la década de la década del 70, diversos factores determinaron una profunda crisis en el suministro de electricidad debido al incremento en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, principal fuente energética del país en ese momento. Desde entonces, diversificar y ampliar la matriz de generación eléctrica a partir de fuentes de bajo costos e impacto medioambiental constituye una prioridad para la República Dominicana.

Actualmente, el país cuenta con plantas de generación que utilizan carbón mineral, gas natural, petróleo y sus derivados, y fuentes renovables de producción nacional para lograr un desarrollo energético sostenible, un componente esencial del desarrollo y la prosperidad de la nación.

En el ámbito de la minería, las primeras extracciones mineras para promover la inversión en el desarrollo del país se hicieron en el año 1848, durante la Primera República, a través del decreto No.140. Entonces, la Secretaría de Hacienda tenía la función de velar por la reglamentación de la minería nacional.

Si bien en el año 1910 se decreta la necesidad de contar con un permiso del Poder Ejecutivo para abrir una extracción minera, es en el año 1956 cuando la República Dominicana aprueba su Ley Minera, creando por primera vez un régimen nacional de concesiones mineras. Esa legislación fue sustituida por la Ley Minera No. 146-71, que rige en la actualidad.

Para el Ministerio de Energía y Minas, fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales del país, su beneficio y comercialización, bajo criterios de responsabilidad institucional y sostenibilidad económica, social y ambiental constituye un compromiso primordial para la consecución del bienestar de las presentes y futuras generaciones.